El llamado Proceso de Reorganización Nacional dio inicio a lo que luego, en el Juicio a las Juntas Militares, fue denominado terrorismo de Estado, donde se instauró un régimen basado en el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de personas con el funcionamiento de centros clandestinos de detención como la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los lugares más relevantes en este período.
La represión generalizada afectó tanto a militantes políticos como sindicales y sociales, con el objetivo de disciplinar a la sociedad y reestructurar la economía. Se disolvió el Congreso y se eliminó la libertad de expresión.
Los meses previos al 24 de marzo de 1976 estuvieron marcados por un endeble orden constitucional, una crisis económica sin precedentes y una escalada de violencia política significativa en todo el territorio. Por ese motivo, el golpe de Estado llevado a cabo por Videla, Massera y Agosti fue el final anunciado de la democracia, de acuerdo con el debilitamiento que mostraba públicamente Martínez de Perón quien, luego del fallecimiento de su esposo, enfrentó fracturas internas en el peronismo y una marcada pérdida de vautoridad.
Las organizaciones paraestatales como la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), planificaban y concretaban asesinatos y secuestros de militantes políticos y sindicales, mientras que grupos guerrilleros como el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y Montoneros mantenían enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad.
El juicio
Casi 10 años después del inicio del último golpe militar, el 9 de diciembre de 1985 y bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, se dictó la sentencia del juicio a las Juntas Militares que, durante ocho meses, había logrado reunir a testigos y documentación pertinente para condenar a los responsables del Proceso de Reorganización Nacional. El fiscal de la causa fue Julio Strassera, quien estuvo asistido de forma constante por su adjunto Luis Moreno Ocampo.
Finalmente, se condenó a reclusión perpetua con destitución a Videla y a Massera; Viola, Orlando Agosti y Armando Lambruschini recibieron 17, 8 y 4 años y 6 meses de prisión, respectivamente. Por su parte, Leopoldo Galtieri, Omar Graffigna, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya quedaron absueltos.
El tribunal consideró que las distintas Juntas Militares, que tomaron el poder durante ese periodo, habían planificado un “sistema represivo ilegal”, con el agravante de “un gran número de delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios”.
Se cumplen 50 años del último golpe a la democracia argentina
Cifras oficiales provenientes de las denuncias documentadas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) indican que hubo inicialmente 8.961 personas desaparecidas, mientras que documentos de inteligencia de las propias Fuerzas Armadas, desclasificados por Estados Unidos en el periodo comprendido entre 1975 y1978, indican 22.000.
Por este motivo, la estimación de los organismos de derechos humanos, que representa el carácter clandestino de la desaparición forzada, sostiene aún hoy que “fueron y son 30.000”.