El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, informó que se sometió al narcotest, el examen toxicológico que su gestión estableció como requisito obligatorio para todos los funcionarios de la administración pública provincial.
El estudio permite detectar la presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales en el organismo y forma parte de una política orientada a reforzar la transparencia en la función pública.
Según explicó el mandatario, la medida busca garantizar estándares éticos claros en el ejercicio de los cargos públicos. “El deber es asegurar, con hechos, que no existe relación alguna con el consumo de drogas ilegales”, sostuvo.
La disposición alcanza a todos los funcionarios del gobierno provincial y se enmarca en una estrategia más amplia vinculada a la seguridad.
En ese contexto, Llaryora también vinculó el narcotest con la lucha contra el narcotráfico, una de las prioridades de su gestión. El gobernador reafirmó la postura firme de Córdoba frente a estas actividades ilegales y definió este combate como un compromiso “indeclinable”.