El conflicto por la reforma de la Ley de Glaciares sumó nuevos capítulos en los últimos días, con protestas, un acampe permanente en Uspallata y el impulso de una demanda colectiva que busca frenar su aplicación. La tensión crece en Mendoza y se replica en distintos puntos del país, en medio de un fuerte debate ambiental, económico y político.
En Uspallata, localidad ubicada al pie de la cordillera de los Andes, vecinos y organizaciones mantienen un acampe las 24 horas en rechazo a la actividad minera en la zona de San Alberto. La protesta apunta principalmente a la explotación de cobre y a los posibles impactos sobre las fuentes de agua en una región históricamente afectada por la escasez hídrica.
La reforma de la ley, impulsada por el gobierno de Javier Milei, modifica el esquema de protección vigente desde 2010, permitiendo mayores márgenes para la actividad minera en áreas periglaciares y transfiriendo a las provincias la potestad de definir qué zonas deben ser resguardadas.
Desde distintos sectores ambientales advierten que el cambio debilita la protección de los glaciares, considerados reservas estratégicas de agua dulce. En Argentina existen más de 16 mil glaciares que abastecen a unas 36 cuencas hídricas en 12 provincias, de las cuales dependen millones de personas para el consumo, la producción y las economías regionales.
Frente a este escenario, organizaciones sociales, ambientales y entidades internacionales impulsan una demanda colectiva que busca convertirse en la más grande de la historia en defensa del agua. La iniciativa apunta a frenar judicialmente la reforma y convoca a la ciudadanía a sumarse para fortalecer el reclamo.
El conflicto también se trasladó al ámbito político. Algunos legisladores votaron en contra de la reforma y cuestionaron el impacto ambiental de la medida, mientras que desde el oficialismo sostienen que permitirá a las provincias aprovechar sus recursos y fomentar el desarrollo económico sin comprometer el ambiente.
Mientras avanza la vía judicial y continúan las protestas, el futuro de la ley y su implementación permanece abierto. El debate, que combina la defensa del ambiente con intereses productivos y económicos, anticipa un escenario de alta conflictividad en las próximas semanas, con el agua como eje central de una discusión clave para el país.
