El Gobierno nacional habilitó a nueve provincias a gestionar, mantener y concesionar tramos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios, mediante el cobro de peajes. La decisión fue formalizada a través del Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
Las provincias alcanzadas en esta primera etapa son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz, que podrán otorgar concesiones de obra pública a empresas privadas, mixtas o entes públicos.
La normativa establece que la delegación será de carácter “funcional, limitado, temporal y revocable”, y aclara que el Estado nacional conservará la titularidad de las rutas y la jurisdicción sobre las mismas.
Para avanzar con el esquema, cada provincia deberá firmar convenios individuales con la Dirección Nacional de Vialidad, donde se especificarán los tramos a intervenir y los planes de obras previstos.
El modelo contempla que las obras se financien a través del cobro de peajes, bajo condiciones que garanticen transparencia, competencia entre oferentes y tarifas razonables.
Además, se fija que los contratos de concesión no podrán superar los 30 años desde su aprobación.
El Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad será responsable de supervisar el cumplimiento de los acuerdos.
El decreto también establece que, si una provincia no convoca a licitación dentro del plazo de un año desde la firma del convenio, perderá la delegación sobre el tramo correspondiente.
Con esta medida, el Gobierno busca descentralizar la gestión de la infraestructura vial y permitir que las provincias tengan un rol más activo en el mantenimiento y desarrollo de rutas clave para sus economías regionales.