Los relevamientos, basados en cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y auditorías prestacionales, detectaron patrones sistemáticos de irregularidades en Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja. Según el informe, no se trata de casos aislados, sino de un esquema replicado en múltiples jurisdicciones.
Entre las principales modalidades detectadas, la más extendida es la sobrefacturación de anteojos. Los prestadores recetaban lentes de baja graduación pero facturaban módulos de alta graduación, con valores hasta cinco veces superiores: de un costo real de $4.941 a facturaciones que alcanzaban los $27.204.
Otra práctica frecuente fue la de “prestaciones fantasma”, con consultas y estudios que nunca se realizaban. En algunos casos, hasta el 50% de las órdenes carecía de respaldo clínico.
El informe también identificó circuitos cerrados con conflictos de interés, como vínculos directos entre médicos derivantes y ópticas, además del cobro indebido a jubilados por lentes que debían ser gratuitos. Incluso se detectaron casos donde afiliados pagaron cifras exorbitantes por productos fuera de cobertura, con montos que llegaron a USD 1.500 más $353.500 por anteojos incluidos en el plan.
Estas auditorías se iniciaron durante la gestión de Esteban Leguízamo, quien al asumir detectó un déficit cercano a los 92.000 millones de pesos. Según fuentes del organismo, la actual administración avanzó en un recorte de aproximadamente 90.000 millones en gastos considerados políticos e innecesarios, además de reducir la estructura jerárquica y centralizar la compra de insumos para evitar prácticas cartelizadas.
Desde el PAMI aseguraron que se implementaron controles más estrictos y monitoreos permanentes, con el objetivo de garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los afiliados y erradicar este tipo de abusos dentro del sistema.