El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) actualizó el mapa de peligrosidad sísmica de Argentina, una herramienta que permite conocer con mayor precisión la distribución de la actividad sísmica en el territorio. La nueva versión incorpora información correspondiente a más de 500 años de registros y llega cuatro décadas después de la última actualización, a pesar de que este tipo de estudios recomienda revisiones cada cinco a diez años.
Para elaborar el nuevo mapa se incorporaron los datos obtenidos mediante la red de monitoreo sísmico del país. Actualmente, el INPRES cuenta con 50 sismógrafos y 100 acelerógrafos distribuidos en distintas regiones, además de información proveniente de sistemas de monitoreo pertenecientes a universidades nacionales. Estos registros permiten determinar con mayor precisión parámetros como la magnitud máxima, la profundidad y la distribución de los movimientos sísmicos.
En el caso de Córdoba, la provincia presenta una peligrosidad menor respecto de las principales zonas sísmicas del oeste argentino, particularmente San Juan y Mendoza. Sin embargo, el nuevo mapa contempla que los niveles no son uniformes dentro de cada provincia y permite identificar sectores con diferentes grados de exposición. Córdoba forma parte de una zona de transición hacia las regiones del centro y este del país, donde la peligrosidad disminuye progresivamente.
La actualización también permitió detectar diferencias significativas respecto del mapa anterior en distintos puntos del territorio nacional. Entre las provincias donde se observaron modificaciones se encuentran Santiago del Estero y Santa Cruz, a partir de los nuevos registros y de los avances científicos y tecnológicos utilizados para analizar la actividad sísmica.
La información actualizada será utilizada para establecer parámetros vinculados con los códigos de construcción y el diseño de estructuras sismorresistentes, especialmente en las zonas de mayor peligrosidad. De esta manera, el nuevo mapa constituye una herramienta para mejorar la planificación territorial, fortalecer las políticas de prevención y contar con criterios más precisos para la construcción segura en todo el país.