La disputa por los fondos destinados a las universidades públicas sumó un nuevo capítulo judicial. El juez federal Martín Cormick resolvió imponer multas diarias de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, al considerar que no se cumplió una orden judicial relacionada con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión fue adoptada este miércoles por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11 y representa la ejecución de un apercibimiento dispuesto el pasado 30 de septiembre. El magistrado ordenó avanzar con la aplicación de astreintes, una herramienta judicial que establece sanciones económicas para forzar el cumplimiento de una resolución.
Según lo establecido en el fallo, el monto fijado corresponde a una primera instancia y podría modificarse si persiste el incumplimiento. Además, el juez advirtió que las sanciones podrían alcanzar a otros funcionarios del Poder Ejecutivo, en caso de que resulte necesario.
El reclamo por los fondos para las universidades públicas
La causa fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras partes contra el Estado nacional, en el marco de la controversia por la aplicación de la Ley 27.795, de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, y el cumplimiento del Decreto 759/2025.
El planteo judicial apunta a que el Gobierno garantice la actualización de los salarios de docentes y trabajadores no docentes de las universidades públicas, además de la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
La sanción económica contra Santilli busca que el Poder Ejecutivo cumpla con lo dispuesto por la Justicia. De esta manera, el conflicto entre las autoridades universitarias y el Gobierno nacional suma presión judicial en medio de la discusión por los recursos destinados al sistema de educación superior.
La posibilidad de aumentar las multas o extenderlas a otros integrantes del Ejecutivo abre un nuevo escenario en una disputa que tiene como eje el cumplimiento efectivo de la normativa vigente.
Denuncia penal contra Javier Milei y Luis Caputo
En paralelo a la decisión del juez Cormick, el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por el presunto incumplimiento de la medida cautelar vinculada con el financiamiento universitario.
La presentación fue radicada en los tribunales federales de Retiro y solicita investigar si los funcionarios incurrieron en el delito de desobediencia a la autoridad, entre otras posibles figuras penales.
Solano también pidió que la investigación alcance a cualquier otro funcionario que pudiera haber intervenido, por acción u omisión, en el presunto incumplimiento de la resolución judicial.
Como fundamento de su planteo, invocó los artículos 239, 248 y 249 del Código Penal, vinculados con la desobediencia a la autoridad y el incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos.
En el escrito, el dirigente calificó los hechos como de “suma gravedad institucional” y sostuvo que el Gobierno mantiene una conducta deliberada frente a una orden judicial. También señaló que la resolución fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y que la Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario.
Cómo sigue el conflicto judicial
La aplicación de multas diarias al jefe de Gabinete y la denuncia penal contra el Presidente y el ministro de Economía abren dos vías judiciales en torno a un mismo conflicto: la implementación del financiamiento universitario.
Por un lado, las sanciones económicas buscan obtener el cumplimiento de la orden judicial y podrían aumentar si la situación continúa. Por otro, la denuncia presentada por Solano deberá ser analizada por la Justicia para determinar si corresponde iniciar una investigación penal.
La presentación no implica, por sí misma, que Milei, Caputo u otros funcionarios hayan sido declarados responsables de un delito.
Mientras tanto, la controversia por los recursos para las universidades públicas continúa en el ámbito judicial, con reclamos centrados en la actualización salarial, las becas estudiantiles y el cumplimiento de la legislación vigente.