Este martes comenzó en Córdoba el juicio oral por la denominada Causa Gutiérrez, actualmente conocida también como Causa Gutiérrez-Di Santo, uno de los procesos por delitos de lesa humanidad de mayor relevancia de los últimos años en la provincia.
El debate está a cargo del Tribunal Oral Federal N.º 1 de Córdoba y busca determinar responsabilidades por hechos cometidos entre 1975 y 1978, durante el terrorismo de Estado, que tuvieron como epicentro a Río Cuarto y distintas localidades del sur cordobés.
La investigación reúne más de 70 víctimas y tiene a más de 20 exmilitares y expolicías imputados. Entre los hechos investigados se encuentran secuestros, privaciones ilegales de la libertad, torturas, homicidios y delitos contra la integridad sexual.
Una causa con fuerte vínculo con Río Cuarto
Uno de los aspectos centrales del proceso es la investigación del accionar represivo en Río Cuarto y la región, incluyendo por primera vez en este marco judicial el rol de integrantes de la Policía de Córdoba y de la Policía Federal que actuaron en la ciudad.
Entre las víctimas se encuentran docentes, no docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, institución que aportó documentación de sus archivos a la investigación. La comunidad universitaria participa activamente del inicio del proceso, dada la vinculación de varias de las víctimas con la casa de altos estudios.
La Municipalidad de Río Cuarto también participa como querellante en la causa, un rol que asumió en el marco de su política de Memoria, Verdad y Justicia.
Facundo Trotta, fiscal federal de la causa, destacó la importancia del juicio y la necesidad de dar una respuesta judicial a las víctimas. En ese sentido, señaló que la Justicia debe resolver sobre los crímenes de lesa humanidad investigados y brindar una respuesta a quienes llevan décadas esperando que se esclarezcan los hechos.
El fiscal precisó que actualmente hay 20 imputados en el proceso y más de 70 víctimas en la causa Di Santo. Además, explicó que se acumularon otros tres expedientes: uno que comprende a cinco personas que fueron secuestradas y trasladadas al centro clandestino de detención Campo de la Ribera, y otros dos vinculados con víctimas que sufrieron torturas en la Unidad Penal N.º 1.
Respecto de la situación de los acusados, Trotta indicó que algunos se encuentran detenidos y ya fueron condenados en otras causas por delitos de lesa humanidad, como la megacausa La Perla y el juicio por los crímenes vinculados con Videla. En tanto, hay otros imputados que permanecen en libertad y que todavía no fueron juzgados por los hechos que se analizan en este proceso.
Sobre los próximos pasos, el fiscal explicó que, en las primeras audiencias, el tribunal leerá a los acusados los hechos que se les atribuyen y las calificaciones legales correspondientes. Posteriormente, los imputados tendrán la posibilidad de realizar sus descargos y ejercer su derecho de defensa, para luego dar comienzo al debate oral.
Finalmente, confirmó que está prevista una audiencia en la ciudad de Río Cuarto, en el marco de un juicio que busca avanzar en el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado y dar una respuesta judicial a las víctimas y sus familiares.
Más de un centenar de testigos
El debate contará con la declaración de alrededor de 100 testigos, entre víctimas, sobrevivientes y otras personas vinculadas con los hechos investigados. Las audiencias tendrán una modalidad mixta, con testimonios presenciales y virtuales.
El proceso se extenderá durante varios meses y, de acuerdo con las previsiones de la querella, podría llegar hasta junio de 2027. Las audiencias son transmitidas públicamente a través del canal oficial de YouTube del Tribunal Oral Federal N.º 1 de Córdoba.
A casi cinco décadas de los hechos, el inicio del juicio representa una instancia histórica para Río Cuarto y el sur de Córdoba: el proceso buscará establecer responsabilidades individuales y aportar una respuesta judicial a las víctimas y sus familias, en el marco de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
