La medida modifica la Ley de Migraciones e incorpora nuevas causales para impedir el ingreso, cancelar residencias y ordenar la salida del territorio nacional de quienes incurran en este tipo de conductas.
Según se argumenta en el texto oficial, en los últimos meses se registró un aumento de las expresiones de hostilidad y menosprecio dirigidas contra la identidad nacional, la cultura y el pueblo argentino.
El Poder Ejecutivo sostuvo que estas acciones representan un riesgo para la convivencia social y pueden derivar en situaciones de violencia, afectando la integridad y los derechos de los ciudadanos.
Entre los nuevos motivos contemplados por la normativa se encuentran la difusión de mensajes de odio, tanto de manera oral como escrita, la incitación a la violencia motivada por la nacionalidad argentina y la participación o instigación de actos de agravio contra los símbolos patrios.
Asimismo, el decreto incorpora modificaciones en el artículo 62 de la Ley de Migraciones, lo que permitirá a la Dirección Nacional de Migraciones cancelar permisos de residencia y disponer la expulsión de extranjeros, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso.
La administración nacional señaló, además, que la medida se apoya en la facultad soberana del Estado para determinar las condiciones de ingreso y permanencia de ciudadanos extranjeros en el país.
El decreto entrará en vigencia este viernes 31 de julio y será remitido al Congreso de la Nación para su análisis por parte de la Comisión Bicameral Permanente.
La disposición fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete y los ministros del Poder Ejecutivo nacional.
“La defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, expresó el Gobierno a través de un comunicado difundido en las redes sociales oficiales.
