Agostina Páez, detenida desde enero en Río de Janeiro, obtuvo un habeas corpus tras más de dos meses y medio. La Justicia brasileña le quitó la tobillera electrónica y le permitió volver al país, aunque deberá continuar el proceso judicial y cumplir con una serie de condiciones.
La abogada santiagueña Agostina Páez, acusada de cometer actos racistas en Brasil, pagó la fianza impuesta por la Justicia de ese país y quedó habilitada para regresar a la Argentina tras permanecer detenida durante más de dos meses.
La decisión fue tomada por la Justicia de Río de Janeiro, que le concedió un habeas corpus y ordenó levantar las medidas restrictivas que pesaban sobre ella, entre ellas el uso de tobillera electrónica y la retención del pasaporte.
Para poder abandonar Brasil, Páez debió abonar una caución equivalente a unos 18.500 a 20.000 dólares y fijar un domicilio actualizado en la Argentina, desde donde continuará vinculada a la causa judicial. 
El caso se remonta al 14 de enero, cuando la joven de 29 años fue denunciada por realizar insultos y gestos racistas contra trabajadores de un bar en la zona de Ipanema, en Río de Janeiro. El episodio fue registrado en video y derivó en su detención.
En Brasil, este tipo de conductas está tipificado como delito de injuria racial, con penas que pueden alcanzar hasta 15 años de prisión. Sin embargo, durante el proceso judicial la fiscalía redujo la acusación inicial, lo que abre la posibilidad de una condena menor que podría incluir tareas comunitarias y una compensación económica para las víctimas.
Durante las audiencias, Páez reconoció su responsabilidad, pidió disculpas públicas y expresó arrepentimiento, lo que fue considerado por la fiscalía al momento de revisar el pedido de pena.
El fallo que habilitó su regreso también se apoyó en que la etapa de recolección de pruebas ya fue completada, por lo que mantener la prohibición de salida del país resultaba innecesario y desproporcionado.
En las próximas horas, la joven firmará la documentación correspondiente y podría regresar a la Argentina, donde continuará su defensa mientras avanza el proceso en la justicia brasileña.