La Justicia nacional en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la ampliación de la Ley de Financiamiento Universitario al ratificar una resolución de primera instancia que había hecho lugar a una medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a otras organizaciones del ámbito educativo.
La decisión fue adoptada por la Cámara del fuero, que avaló el criterio del juzgado de origen y ordenó sostener la actualización de las partidas presupuestarias destinadas a las universidades nacionales, en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.
El planteo judicial había sido impulsado por el CIN —que nuclea a los rectores de las universidades públicas de todo el país— en conjunto con gremios docentes, no docentes y espacios vinculados a la comunidad universitaria. En la presentación, se advertía sobre el impacto crítico del retraso presupuestario en el funcionamiento de las casas de estudio.
La medida cautelar, ahora confirmada, busca garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas, de investigación y extensión, al tiempo que procura resguardar el funcionamiento institucional de las universidades.
Entre los principales puntos, la resolución establece la necesidad de actualizar los fondos asignados en función de la evolución de los costos operativos, incluyendo salarios, servicios y mantenimiento de infraestructura.
Desde el ámbito universitario valoraron la decisión judicial al considerar que representa un respaldo a la educación pública y una herramienta clave para sostener el sistema en el actual escenario económico.
No obstante, el proceso judicial continúa abierto y se espera que en las próximas instancias se resuelva la cuestión de fondo sobre la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario.