El ex jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, tiene tiempo hasta este miércoles para presentar ante la Justicia la justificación patrimonial solicitada en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
El plazo vence luego de la prórroga de 15 días que le concedió a fines de agosto el juez federal Ariel Lijo, a cargo de la causa. El pedido de explicaciones había sido realizado por el fiscal Gerardo Pollicita, luego de un informe técnico de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).
El informe, de 207 fojas, surgió del cruce de información de las declaraciones juradas de Adorni con datos de registros de la propiedad, entidades bancarias, plataformas de criptomonedas y registros migratorios.
Las diferencias entre ingresos y gastos
De acuerdo con el análisis realizado por la Fiscalía, el grupo familiar de Adorni registró desde diciembre de 2023 ingresos por $229.752.283,20, que incluyen los 35 salarios que percibió como funcionario público y los ingresos de su esposa, Bettina Angeletti.
Sin embargo, los gastos registrados durante ese período ascendieron a $272.820.832,20, correspondientes a consumos con tarjetas de crédito, expensas, servicios, impuestos, seguros, viajes y adquisición de electrodomésticos.
La diferencia representa un saldo negativo de $43.068.549 que, según la investigación, debe ser explicado.
A esto se suman erogaciones en moneda extranjera por USD 402.578,12, destinadas a la compra y remodelación de propiedades, adquisición de mobiliario, alquileres temporarios y viajes al exterior. La Fiscalía sostiene que esos movimientos tampoco coinciden con los recursos lícitos declarados.
Las explicaciones que deberá presentar Adorni
El requerimiento fiscal contiene 20 puntos que el exfuncionario deberá responder sobre su evolución patrimonial desde que asumió su primer cargo durante la gestión de Javier Milei y hasta el 27 de junio de 2026, cuando presentó su renuncia.
Uno de los principales puntos está relacionado con los dólares en efectivo declarados bajo el concepto de “venta de activos” en las correcciones realizadas a sus declaraciones juradas.
Adorni había manifestado públicamente que poseía medio millón de dólares en criptoactivos desde hacía una década, fondos que no había declarado anteriormente. Por ese motivo, la Fiscalía solicitó precisiones sobre los bienes vendidos, los compradores, las fechas de las operaciones y la trazabilidad de los movimientos.
La investigación también puso el foco en las propiedades de la familia. Entre ellas se encuentra el lote 380 del Country Indio Cua, cuya titularidad figura únicamente a nombre de su esposa. La Justicia busca determinar el origen de los fondos utilizados para adquirirlo.
Además, se investiga un pago en efectivo de USD 245.000 al contratista Matías Tabar por refacciones realizadas en esa vivienda, que incluyeron trabajos en la piscina y una parrilla.
También deberá explicar el origen del dinero utilizado para comprar un departamento ubicado en Miró 550, en Caballito, y los dólares abonados en efectivo al mismo contratista por el mobiliario de la propiedad.
Préstamos, vehículos y criptomonedas, bajo análisis
El pliego elaborado por la Fiscalía incluye además preguntas sobre préstamos que habrían otorgado familiares de Adorni, Silvia Pais y Norma Zuccolo, y solicita acreditar la entrega efectiva del dinero y la evolución de esas deudas.
También deberá explicar el origen de los fondos utilizados para adquirir un vehículo Jeep, así como las razones por las que terceras personas habrían intervenido de manera reiterada en compras y pagos en efectivo destinados al exfuncionario.
Otro de los puntos bajo análisis son las operaciones con criptomonedas, en particular fondos detectados en una billetera virtual que habría sido validada con la identidad de Adorni y que no figuraría declarada ante la Oficina Anticorrupción.
La Fiscalía también pidió explicaciones sobre depósitos no salariales realizados en su cuenta sueldo del Banco Nación y sobre honorarios correspondientes a operaciones inmobiliarias del matrimonio.
El descargo será clave para la causa
La defensa de Adorni, encabezada por el abogado Matías Ledesma, había solicitado una extensión del plazo original para poder acceder a la totalidad de las pruebas, archivos y conversaciones que sustentan la acusación fiscal. Entre los elementos reclamados se encontraba el contenido del teléfono celular de Tabar.
La presentación del descargo será una instancia central en la investigación. Si el juez Ariel Lijo considera que las explicaciones y documentación aportadas no logran aclarar las inconsistencias señaladas por la Fiscalía, podría avanzar con una citación a declaración indagatoria, lo que agravaría la situación procesal del ex jefe de Gabinete en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.