La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles, con una amplia mayoría, el proyecto de ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La iniciativa reunió 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, tras un acuerdo entre La Libertad Avanza, Unión por la Patria y otros bloques parlamentarios. Con la media sanción, el texto fue girado al Senado para continuar su tratamiento.
El proyecto mantiene gran parte de los beneficios contemplados en la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero elimina su carácter transitorio para establecer un sistema permanente. Entre sus principales puntos, contempla la compatibilidad entre las pensiones no contributivas por discapacidad y el empleo formal o el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. También conserva el nomenclador único de prestaciones y establece actualizaciones periódicas de los aranceles según la movilidad jubilatoria.
Otro de los aspectos centrales es la cobertura médica básica del programa Incluir Salud para los titulares de pensiones por discapacidad. Además, el texto establece que el presupuesto del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio fiscal anterior. La iniciativa también incorpora auditorías periódicas mediante el cruce de información de organismos públicos y fija un plazo de 30 días para reglamentar un cronograma de pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores.
Durante el debate, el oficialismo defendió la propuesta como una alternativa para dejar atrás las prórrogas de emergencia y establecer reglas estables para las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores. El diputado libertario Gerardo Huesen sostuvo que el objetivo es garantizar derechos y construir un sistema más transparente, con mecanismos de financiamiento y controles permanentes.
Por su parte, Unión por la Patria decidió acompañar el dictamen luego de negociar modificaciones con otros bloques y organizaciones vinculadas a la discapacidad. El diputado Juan Marino destacó la incorporación de un plazo de 160 días para que las personas cuyas pensiones presenten inconsistencias durante las auditorías puedan realizar su descargo antes de una eventual suspensión del beneficio. También se incorporaron cambios vinculados con la cobertura médica y la compatibilidad de las pensiones con las asignaciones familiares.
Sin embargo, el acuerdo no contó con el respaldo de toda la oposición. La diputada de izquierda Romina del Plá y la cordobesa Natalia de la Sota cuestionaron el proyecto y reclamaron mayores garantías presupuestarias y la participación de las organizaciones del sector. Otros legisladores advirtieron sobre la necesidad de que el Gobierno cumpla efectivamente con las prestaciones y los derechos establecidos. Ahora, la iniciativa deberá ser tratada por el Senado, donde se definirá si se convierte en ley.