El Gobierno nacional dispuso clasificar como secreto militar una nueva compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas, según el Decreto 1205/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial. La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, Carlos Presti, y establece que los detalles de la operación permanecerán bajo reserva, incluidos el tipo de material, el costo, el proveedor y la fuerza que lo recibirá.
La decisión se conoce en medio de una nueva escalada diplomática entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. En las últimas semanas, el Gobierno argentino impulsó acciones contra empresas petroleras que operan en el archipiélago sin autorización nacional y avanzó con una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar frenar la explotación petrolera del proyecto Sea Lion.
El decreto se fundamenta en las leyes de Defensa Nacional y de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, además de una normativa que permite clasificar como secreto militar determinadas adquisiciones consideradas estratégicas. Esta condición exceptúa a los organismos involucrados de las obligaciones habituales de publicidad y difusión de las contrataciones estatales.
La nueva adquisición se enmarca en el proceso de modernización militar iniciado durante la gestión de Milei. Entre las principales incorporaciones se encuentran los 24 aviones de combate F-16 comprados a Dinamarca, vehículos blindados Stryker adquiridos a Estados Unidos y un programa para sumar helicópteros Black Hawk. También se incorporaron aviones de patrulla marítima P-3 Orion para reforzar la vigilancia del Atlántico Sur.
Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026 el Estado destinó más de 445 millones de dólares a armamento, equipamiento militar y de seguridad. La mayor parte de ese monto correspondió a las Fuerzas Armadas, en el marco de una estrategia de reequipamiento que busca recuperar capacidades operativas.
En paralelo, el proyecto de Presupuesto 2027 contempla autorizaciones de financiamiento para la eventual compra de tres submarinos convencionales y dos fragatas multimisión. Sin embargo, estas previsiones todavía no representan contratos concretados: su ejecución dependerá de la aprobación legislativa y de las negociaciones con los posibles proveedores.