El Gobierno nacional oficializó una reducción de casi $2,5 billones en el Presupuesto 2026 mediante la Decisión Administrativa 20/2026 publicada en el Boletín Oficial. El ajuste, equivalente a cerca del 1,6% del total presupuestario, impacta principalmente en las áreas de salud y educación, en línea con el objetivo del Ejecutivo de sostener el superávit fiscal comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el área de Salud Pública, el recorte asciende a más de $63.000 millones y afecta programas considerados estratégicos. Entre las partidas más golpeadas se encuentra el programa “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, que perdió $20.000 millones. Además, se redujeron $25.000 millones destinados al fortalecimiento de los sistemas provinciales de salud, lo que podría afectar la asistencia sanitaria en distintas provincias del país.
La readecuación también alcanzó programas sensibles vinculados a enfermedades y tratamientos de alta complejidad. El Gobierno eliminó $5.000 millones destinados a investigación, prevención y tratamiento del cáncer, mientras que organismos como el INCUCAI y la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán” sufrieron fuertes reducciones presupuestarias que afectan obras, equipamiento y funcionamiento operativo. También hubo recortes en programas de VIH, hepatitis, tuberculosis, lepra, salud sexual y prevención de enfermedades transmisibles.
En educación, la poda supera los $78.000 millones. El mayor ajuste recayó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió más de $35.000 millones en transferencias a provincias. A esto se suma la eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente, destinado a equilibrar salarios mínimos docentes en las jurisdicciones provinciales. Además, se recortaron fondos para infraestructura escolar, becas estudiantiles y programas socioeducativos.
Las universidades nacionales también quedaron alcanzadas por la medida. El Ejecutivo suspendió transferencias de capital para obras de infraestructura en trece casas de estudio, con recortes millonarios para universidades como La Plata, General San Martín, Avellaneda, Entre Ríos y Río Cuarto. En paralelo, la empresa estatal EDUC.AR perdió transferencias por $48.000 millones. La decisión profundiza el conflicto entre el Gobierno y el sistema universitario, que ya anticipa nuevas movilizaciones y reclamos por financiamiento.