La causa pone el foco en la evolución patrimonial del funcionario desde su desembarco en la administración pública durante el gobierno de Javier Milei. En ese marco, Marijuan ordenó distintas medidas de prueba y solicitó información a organismos nacionales para analizar los movimientos económicos y financieros de Adorni.
Francisco Adorni fue designado en marzo de 2024 como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa. Un año más tarde asumió al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Entre los documentos incorporados al expediente aparecen las declaraciones juradas correspondientes a 2024 y 2025.
Según la presentación realizada hace dos años, el funcionario declaró poseer el 50 por ciento de una vivienda en City Bell, valuada en 38.790.000 pesos, además del 50 por ciento de una camioneta Chery Tiggo modelo 2017 valuada en 5 millones de pesos. También informó depósitos, bienes y efectivo por un total de 43.790.000 pesos.
Sin embargo, en la declaración presentada al año siguiente, Adorni informó un patrimonio neto de 80.500.000 pesos. Allí incorporó el 50 por ciento de una Jeep Renegade modelo 2020 valuada en 8 millones de pesos y además declaró la cancelación de un crédito hipotecario del Banco Provincia cercano a los 60 millones de pesos, abonado en apenas doce cuotas.
Ante estas variaciones patrimoniales, el fiscal Marijuan pidió informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al Banco Central y a la Inspección General de Justicia (IGJ), con el objetivo de determinar el origen de los fondos y la evolución de los bienes declarados por el funcionario.