El gobernador Martín Llaryora salió a cuestionar duramente la situación y dejó una definición política contundente: “Los cordobeses tienen que tener la certeza de que mi compromiso con el orden es irrenunciable”.
A través de una publicación en X, el mandatario sostuvo que la ausencia de los inspectores puso “en serio riesgo a miles de personas” y destacó el accionar de la Policía de Córdoba para evitar consecuencias mayores.
“Vamos a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para garantizar el orden y la seguridad”, afirmó Llaryora, quien además acusó a un sector de empleados municipales de recurrir a la “extorsión” para alcanzar sus objetivos.
El gobernador también marcó un límite frente a las medidas de fuerza: “Respetamos el derecho a la protesta, pero su ejercicio debe preservar la paz social, la vida de las personas y el orden público”.
El SUOEM respondió y negó una medida de fuerza
Desde el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) rechazaron la acusación de extorsión y sostuvieron que lo ocurrido no fue un paro, sino que los trabajadores dejaron de realizar voluntariamente un servicio extraordinario que, según el gremio, no estaba siendo abonado.
El sindicato denunció que existía una deuda de cinco meses en determinados ítems salariales y horas extras, y que el reclamo llevaba unos 150 días.
El vocero del SUOEM, Ariel König, cuestionó además el tono utilizado por Llaryora y sostuvo que el gobernador debería responder “con argumentos” y no con agravios. El gremio también puso el foco en la autonomía municipal, al rechazar cualquier avance de la Provincia sobre las funciones de los inspectores de tránsito de la ciudad.
Del conflicto salarial a la disputa por el control del tránsito
La tensión tomó una nueva dimensión cuando el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, planteó que la Policía de Córdoba pudiera hacerse cargo del control del tránsito durante la visita del papa León XIV a la ciudad.
La Provincia argumentó que se necesitan garantías adicionales frente a un evento de semejante magnitud y, especialmente, después de lo ocurrido el domingo.
Finalmente, el intendente Daniel Passerini y Quinteros firmaron un convenio de cooperación para el operativo de la visita papal. El acuerdo establece que la Policía provincial tendrá a su cargo los accesos, recorridos y perímetros más cercanos al Papa, aunque la Municipalidad aclaró que no implica una transferencia de competencias ni afecta la autonomía municipal.
Desde el municipio también cuestionaron la actitud del sector de inspectores y remarcaron que los eventos del domingo pudieron desarrollarse gracias a un operativo de contingencia con funcionarios, trabajadores de otras áreas y efectivos policiales.
Un conflicto que ya tiene impacto político
La disputa dejó de ser exclusivamente un reclamo entre trabajadores y Municipalidad. Llaryora tomó el conflicto como una bandera vinculada al orden y la seguridad, mientras que el SUOEM interpreta las decisiones provinciales como un avance sobre las competencias de la ciudad de Córdoba.
De un lado, el Gobierno provincial habla de garantizar la seguridad de los cordobeses y evitar que una medida gremial pueda afectar eventos masivos. Del otro, el sindicato defiende los reclamos salariales y la autonomía municipal.
Y en el medio queda una discusión de fondo: hasta dónde puede avanzar la Provincia para garantizar el orden cuando un servicio municipal queda interrumpido y dónde comienza el límite de las autonomías municipales.
El conflicto, lejos de cerrarse, suma ahora un nuevo capítulo con la visita de León XIV y vuelve a poner en escena la relación entre Llaryora, Passerini y el poderoso gremio municipal cordobés.