La inflación volvió a crecer en Córdoba durante septiembre. Según el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas, la inflación pasó del 1,8% en agosto al 2,1% en septiembre, frenando la tendencia de desaceleración registrada los meses anteriores.
La inflación acumulada durante 2026 llegó al 24%, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,8%. El pico más alto llegó en marzo con un 3,29% de aumento y desde entonces bajó, interrumpida sólo por los incrementos de julio (2,05%) y septiembre (2,08%).
El informe publicado por el IETSE señala que la baja de inflación durante los primeros nueve meses del año no se tradujo en una recuperación del consumo o una mejora económica en los hogares.
Uno de los factores es el aumento del costo de vida: el 57,6% de los hogares relevados no pudo acceder plenamente a la Canasta Básica Alimentaria, que se ubicó en $1.130.236 para septiembre.
El mes también finalizó con una creciente tensión financiera por el incremento del riesgo país. El indicador desarrollado por la financiera J.P. Morgan cerró con 609 puntos básicos, un aumento de 97 puntos a comparación de agosto.
El Centro de Almaceneros alerta que el principal riesgo de la coyuntura económica actual no es solo la inflación sino el consumo deprimido de la sociedad, los hogares endeudados y los comercios funcionando por debajo de su capacidad.
Economía familiar
Los valores de precios e inflación crecientes se ven tensionados por la capacidad de las familias para absorber esos aumentos con sus ingresos corrientes.
En septiembre, una familia de cuatro personas necesitó de $2.076.505 para estar por encima de la línea de pobreza y $1.130.236 para superar la línea de indigencia. Equivale a una suba del 2% de la Canasta Básica Alimentaria, que llegó al 25% de incremento en lo que va de 2026.
Los indicadores sociales del IETSE también denotan un acceso limitado a la Canasta Básica Alimentaria: solo 42,4% de los hogares manifestó haber podido acceder plenamente a ella, mientras que 57,6% respondió que no pudo hacerlo.
Ante esto, las familias adoptan nuevas estrategias para amortizar los gastos, como la reducción del consumo de alimentos. El 39,1% señaló que al menos un adulto tuvo que restringir la cantidad de comida consumida para que alcanzara para otros miembros de la familia. En hogares con menores, el 28,6% manifestó que algún o algunos niños, niñas o adolescentes tuvieron que reducir la cantidad de comida por falta de dinero.
El endeudamiento de las familias es otro de los factores preocupantes. El estudio del IETSE demuestra que durante septiembre, casi 9 de cada 10 familias debieron acceder a alguna modalidad de financiación para comprar alimentos. Es decir, debieron trasladar ese consumo hacia el futuro mediante fiado (38,4%), tarjeta de crédito (36,5%) o dinero prestado (13,9%). Solo el 9,2% declaró no haber financiado su consumo de alimentos.
Más allá de la comida, otros rubros para los que solicitan financiamiento son el pago de otras deudas, el alquiler y otras necesidades, y en menor medida los servicios, los medicamentos, el transporte y la educación.
En síntesis, el 94% de los hogares relevados presentan una resistencia inferior a un mes para sostener sus gastos ante una interrupción de sus ingresos.
La incertidumbre de los comercios
En el sector comercial, las ventas en volumen de los minoristas del rubro alimenticio continúan mostrando una situación adversa.
A nivel interanual, se registra una caída sostenida del 8,3% de ventas de alimentos y bebidas, en sintonía con la fragilidad de las economías familiares. La demanda debilitada durante extensos periodos influye en las expectativas de los comerciantes, que presentan una menor capacidad de absorción de costos y una mayor necesidad de recurrir a estrategias defensivas.
En cuanto a la proyección futura de los comerciantes, el 65,3% sostuvo que podría sostener la caída de ventas durante más de un año. Por otra parte, el 18,6% afirmó tener una capacidad de resistencia de entre seis meses a un año para mantener su actividad. Un 10,2% se ubicó entre los tres a seis meses y un 5,9% señaló que no superaría el trimestre.