El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, quedó detenido bajo arresto domiciliario este viernes por la noche, pocas horas después de ser destituido por el Senado en un juicio político vinculado al colapso de Ueno Bank. La medida fue ordenada por la Fiscalía en el marco de una investigación por presuntas irregularidades financieras y el vaciamiento de la entidad bancaria.
El procedimiento se realizó en la residencia del exmandatario y estuvo a cargo de agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público. El fiscal Christian Benítez explicó que la comitiva tenía como objetivo verificar su presencia y cumplir con la orden de captura. Según indicó, Peña colaboró con los efectivos y permitió voluntariamente el ingreso a su domicilio. Al ser notificado de la detención, manifestó: “Me voy a someter al proceso”.
La destitución había sido aprobada por unanimidad por los 44 senadores presentes, quienes responsabilizaron a Peña por el manejo de la crisis bancaria. Los legisladores lo acusaron de utilizar su influencia política para favorecer a Ueno Bank con cientos de millones de dólares de fondos públicos, mientras los organismos reguladores habrían pasado por alto préstamos riesgosos entre empresas vinculadas a la entidad. El exmandatario había negado las acusaciones y presentado su renuncia el jueves, aunque el Congreso decidió continuar con el juicio político.
Tras su salida del poder, el vicepresidente Pedro Alliana asumió como nuevo presidente de Paraguay para completar el mandato hasta agosto de 2028. El dirigente, de 52 años, también se encuentra bajo investigación de la Fiscalía por el caso Ueno Bank. La destitución, además, le impidió a Peña acceder a la banca vitalicia en el Senado que corresponde a los expresidentes electos, por lo que perdió la inmunidad parlamentaria asociada a ese cargo.
En la causa judicial, los fiscales investigan posibles delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. Peña deberá presentarse este sábado a las 11 en la sede del Ministerio Público para prestar declaración indagatoria. La detención domiciliaria es provisoria y, una vez cumplida esa instancia, el expediente pasará al Juzgado Penal de Garantías, que deberá resolver las medidas cautelares y las condiciones de su eventual reclusión.
La crisis de Ueno Bank afectó a aproximadamente 2,94 millones de clientes, que quedaron sin posibilidad de retirar efectivo, acceder a sus ahorros o utilizar sus tarjetas tras la intervención del Banco Central paraguayo. Entre los damnificados hay unos 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social, cuyo fondo de pensiones había depositado 355 millones de dólares en la entidad, por encima de los límites legales. La investigación ya alcanza a 27 personas y mantiene a seis directivos del banco en prisión preventiva.