La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso la restitución provisoria de la Ley de Tierras a partir de un segundo fallo vinculado con un amparo presentado por una organización ambientalista. La decisión suspendió, de manera cautelar, los efectos de la derogación incluida en el DNU 70/23 del presidente Javier Milei, que había dejado sin efecto la normativa sancionada en 2011.
Pese al nuevo escenario judicial, los bloques opositores mantienen la convocatoria a una sesión especial en la Cámara de Diputados para este jueves 15, con el objetivo de rechazar el mega DNU. Desde Unión por la Patria y Provincias Unidas sostienen que el Congreso debe intervenir para garantizar la protección de las tierras rurales, aunque la falta de quórum continúa siendo un obstáculo. El fallo de la Corte, además, podría reducir los incentivos de algunos bloques aliados al oficialismo para acompañar la sesión.
Ante las dificultades para avanzar con la derogación de todo el decreto, el oficialismo analiza una alternativa: incorporar las disposiciones sobre tierras en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger. La iniciativa ya había generado diferencias durante su tratamiento legislativo, debido al rechazo de otros espacios políticos a eliminar los límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece que la titularidad extranjera de tierras rurales no puede superar el 15% del total nacional, provincial o municipal. También fija límites por nacionalidad y establece restricciones individuales para la adquisición de superficies rurales, además de prohibir determinadas compras en zonas de frontera y terrenos vinculados con cuerpos de agua de importancia.
El conflicto judicial y legislativo continúa abierto, mientras el oficialismo y la oposición buscan avanzar con sus respectivas estrategias. La discusión gira en torno al alcance del DNU 70/23, la vigencia de la protección sobre las tierras rurales y la posibilidad de que el Congreso defina una nueva regulación sobre la propiedad extranjera.