La iniciativa fue aprobada en general por 37 votos a favor y 33 en contra, con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales. El texto ahora deberá continuar su tratamiento en la Cámara de Diputados.
El Gobierno tuvo que ceder para alcanzar la mayoría
El primer retroceso del oficialismo ocurrió antes del debate, cuando decidió retirar el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales. La propuesta original buscaba flexibilizar las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, pero encontró un fuerte rechazo de gobernadores y legisladores dialoguistas, por lo que fue eliminada del dictamen para evitar una derrota parlamentaria.
Ya durante la sesión, el Gobierno sufrió un nuevo revés al verse obligado a retirar también las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, luego de que varios senadores aliados anticiparan que no acompañarían esos cambios. La decisión permitió preservar la aprobación del resto del proyecto.
De esta manera, continúa vigente la legislación actual, que impide modificar el uso de los terrenos afectados por incendios durante 60 años en el caso de bosques nativos y humedales y durante 30 años para tierras agropecuarias.
Qué cambios sí fueron aprobados
Con la eliminación de esos dos capítulos, la ley quedó concentrada en dos ejes principales: las expropiaciones y los desalojos.
En materia de expropiaciones, la norma endurece los requisitos para que el Estado pueda avanzar sobre un bien privado. La declaración de utilidad pública deberá ser específica, de interpretación restrictiva y demostrar que la expropiación es necesaria y proporcional al fin perseguido. También se modifican los criterios para calcular las indemnizaciones, limitando los conceptos indemnizables.
Respecto de los desalojos, la ley establece un procedimiento más ágil para los casos de incumplimiento en el pago de alquileres y ocupaciones ilegales. Antes de iniciar una demanda, el propietario deberá intimar al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de diez días para regularizar la deuda. Si no hay respuesta, el proceso judicial deberá tramitar por la vía más breve prevista por la legislación vigente.
Un debate con fuertes cruces políticos
La discusión en el recinto estuvo marcada por los cuestionamientos de la oposición y la defensa del oficialismo.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, sostuvo que el objetivo de la ley es garantizar la protección de la propiedad privada y acelerar los procesos judiciales vinculados a desalojos. En cambio, desde el bloque justicialista, José Mayans calificó el proyecto como «inconstitucional», mientras otros legisladores denunciaron que la iniciativa favorece la privatización de recursos estratégicos y cuestionaron las modificaciones introducidas durante el tratamiento parlamentario.
Por su parte, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, defendió la norma al afirmar que busca brindar mayor seguridad jurídica a propietarios y combatir las usurpaciones, al tiempo que cuestionó el sistema vigente de expropiaciones.
Con la aprobación en el Senado, el oficialismo consiguió avanzar con uno de sus proyectos más importantes en materia de propiedad privada, aunque debió resignar dos de los capítulos centrales de la propuesta original para reunir el apoyo necesario y evitar una derrota legislativa.
