El Senado de la Nación sesionará este jueves desde las 14 para continuar el debate de la denominada ley de Propiedad Privada, luego del cuarto intermedio dispuesto el mes pasado. La principal novedad es que el oficialismo decidió retirar el capítulo que proponía modificar el régimen de venta de tierras a extranjeros, tras no conseguir el respaldo de los gobernadores ni de bloques dialoguistas.
La eliminación de ese apartado significó un revés para el Gobierno nacional, que buscaba flexibilizar la normativa vigente permitiendo una mayor participación de capitales extranjeros en la compra de tierras rurales, aunque con un límite del 25% de la superficie.
Con esa modificación, el proyecto se concentrará en reformas vinculadas a los desalojos, las expropiaciones, la regularización dominial y cambios en la Ley de Manejo del Fuego.
Los principales puntos del proyecto
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la incorporación de un mecanismo de desalojo exprés para inmuebles usurpados o ocupados de manera irregular.
La propuesta establece que, si el propietario acredita documentalmente su derecho sobre el inmueble, el juez podrá ordenar la restitución del bien e intimar a los ocupantes a devolverlo en un plazo de 72 horas, previa caución juratoria.
En el caso de inquilinos con deudas de alquiler, el procedimiento será diferente. Antes de iniciar una acción judicial, el propietario deberá intimar el pago mediante carta documento y otorgar un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar la situación.
Otro de los capítulos modifica el régimen de expropiaciones. El proyecto dispone que toda declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva, identificando de forma concreta el objetivo perseguido y justificando que la expropiación sea necesaria y proporcional.
Además, la indemnización comprenderá el valor objetivo del bien y los daños directos ocasionados por la expropiación, fijando un límite del 30% para el reconocimiento del lucro cesante, salvo que el propietario demuestre un perjuicio superior.
En materia de regularización dominial, la iniciativa introduce cambios a la denominada Ley Pierri para permitir que familias que acrediten una posesión pública, pacífica y continua durante al menos diez años puedan acceder a la escritura de su vivienda única.
También propone modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego. El texto elimina la prohibición temporal para cambiar el uso de tierras rurales incendiadas y deroga el plazo de 60 años establecido para los bosques nativos por la norma impulsada durante la gestión anterior. No obstante, mantiene la prohibición de modificar el destino de los bosques nativos afectados por incendios.
La polémica por la participación virtual
Antes del tratamiento del proyecto, el Senado deberá resolver si habilita la participación remota de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti y del radical catamarqueño Flavio Fama.
Fernández Sagasti solicitó intervenir de manera virtual debido a que cursa la semana 32 de embarazo y cuenta con recomendación médica para no viajar. Fama, en tanto, realizó el mismo pedido tras haber sido sometido a una cirugía de rodilla.
Ambas autorizaciones fueron firmadas por la vicepresidenta Victoria Villarruel, aunque deberán ser convalidadas por el pleno de la Cámara.
La decisión abrió una discusión reglamentaria dentro del Senado, ya que la modalidad virtual utilizada durante la pandemia nunca fue incorporada de manera permanente al reglamento interno. El oficialismo sostiene que la habilitación debería aprobarse con una mayoría especial, mientras que otros bloques consideran suficiente una mayoría simple.
Tensión entre el Gobierno y Victoria Villarruel
El retiro del capítulo sobre tierras y las decisiones adoptadas por Villarruel profundizaron la crisis política entre la vicepresidenta y la Casa Rosada.
Dentro del Gobierno atribuyen parte del revés legislativo a la actuación de la titular del Senado, a quien cuestionan por haber habilitado la participación virtual de legisladores opositores y por manifestar diferencias con algunos aspectos del proyecto.
En paralelo, también surgieron cuestionamientos internos sobre la estrategia política desplegada por el oficialismo durante la negociación parlamentaria.
Sectores de La Libertad Avanza responsabilizaron a la conducción del bloque oficialista por haber anticipado un respaldo que finalmente no se concretó y cuestionaron la falta de acuerdos sólidos con gobernadores y fuerzas aliadas. También hubo críticas hacia el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, autor de parte de las reformas incluidas en la iniciativa.
Quirno pidió la renuncia de Villarruel
La tensión escaló aún más con las declaraciones del canciller Pablo Quirno, quien reclamó públicamente que Victoria Villarruel abandone su cargo si no comparte el rumbo del Gobierno.
«Si no está de acuerdo con el Presidente, que dé un paso al costado», afirmó el funcionario al cuestionar las recientes expresiones de la vicepresidenta sobre Javier Milei.
Quirno sostuvo que Villarruel «ha tratado de generar desestabilización desde el comienzo de la gestión» y consideró que sus declaraciones ponen en duda la autoridad presidencial.
Los dichos del canciller se sumaron a los del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien días atrás también había planteado que la vicepresidenta debería apartarse del Gobierno si mantiene sus diferencias con el Presidente.
Con este escenario, el Senado se prepara para una sesión que no solo definirá el futuro de la ley de Propiedad Privada, sino que también pondrá en evidencia las tensiones políticas que atraviesan al oficialismo y su relación con la oposición.