Una investigación interna de la Municipalidad de Río Cuarto derivó en una denuncia penal contra una agente municipal que se desempeñaba en el ámbito de la Subsecretaría de Hábitat, luego de que controles contables detectaran movimientos que, según la información oficial, podrían configurar un desvío irregular de fondos públicos.
El caso fue detectado a partir de informes financieros y auditorías realizadas dentro de la administración municipal. A partir de esas verificaciones, las autoridades de las áreas de Economía y de Obras y Servicios Públicos identificaron una operatoria que despertó sospechas y decidieron avanzar con una presentación ante la Justicia para que se determine qué ocurrió y si existió la comisión de algún delito.
La agente involucrada fue apartada de manera inmediata de sus funciones municipales mientras avanza la investigación judicial y administrativa.
El Municipio se presentó como querellante
Uno de los puntos centrales de la decisión adoptada por el Gobierno local fue la determinación de constituirse como querellante particular en la causa.
De esta manera, la Municipalidad busca tener participación activa en el proceso judicial y aportar documentación, elementos probatorios y toda la información necesaria para establecer el alcance de la presunta maniobra y determinar si existió un perjuicio concreto para las arcas municipales.
La comuna también solicitó que se dispongan medidas probatorias de manera inmediata y planteó medidas de restricción personal respecto de la persona involucrada, en el marco de las herramientas que contempla el proceso judicial.
La presentación apunta a que la Justicia pueda reconstruir la operatoria, establecer cómo se habrían producido los movimientos cuestionados y determinar las eventuales responsabilidades penales.
Qué se sabe hasta el momento
De acuerdo con la información proporcionada por el Municipio, el hecho fue advertido mediante mecanismos de control interno y auditorías contables. La irregularidad estaría vinculada con fondos administrados dentro de la órbita de la Subsecretaría de Hábitat.
Hasta el momento no se informó oficialmente cuál sería el monto exacto del dinero involucrado, durante cuánto tiempo se habría desarrollado la operatoria ni cuál habría sido el mecanismo utilizado para concretar el presunto desvío.
Tampoco trascendió públicamente la identidad de la agente denunciada ni se informó qué figura penal podría atribuirle concretamente la Justicia. Esos aspectos deberán determinarse a partir del avance de la investigación.
Por tratarse de una denuncia en etapa inicial, cualquier eventual responsabilidad deberá ser establecida por la Justicia y la persona involucrada conserva las garantías correspondientes durante todo el proceso.
Investigación administrativa y judicial
Además de la presentación penal, el Municipio informó que puso en marcha los procedimientos administrativos correspondientes para determinar eventuales responsabilidades dentro de la estructura municipal.
La decisión de apartar a la agente apunta a evitar que su permanencia en el área pueda interferir con las actuaciones internas o con la investigación judicial.
En paralelo, los organismos municipales involucrados deberán continuar aportando documentación y antecedentes vinculados con la operatoria bajo análisis.
La Subsecretaría de Hábitat forma parte actualmente de la estructura de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Río Cuarto y tiene entre sus áreas de trabajo cuestiones vinculadas con vivienda, situaciones de vulnerabilidad habitacional, loteos y planes municipales de vivienda.
Entre sus trámites figuran, por ejemplo, gestiones relacionadas con planes de vivienda municipales, saneamiento de títulos, escrituraciones y asistencia frente a situaciones de vulnerabilidad habitacional.
El funcionamiento de los programas, bajo seguimiento
Desde el Gobierno municipal remarcaron que se adoptaron medidas para garantizar que la situación denunciada no afecte la continuidad de los programas que dependen del área ni genere inconvenientes para los vecinos que son beneficiarios de las políticas habitacionales.
La administración local busca así separar la investigación sobre la presunta irregularidad del funcionamiento habitual de los programas y servicios que presta la Subsecretaría.
La denuncia abre ahora una etapa de investigación en la que deberán establecerse el origen de los fondos, los movimientos que generaron las sospechas, las personas que pudieron haber intervenido y, eventualmente, la existencia y dimensión de un perjuicio económico para el Estado municipal.
Por el momento, la información oficial se limita a confirmar la detección de la operatoria, la denuncia penal, el apartamiento de la agente y la decisión del Municipio de constituirse como querellante.
El avance de la causa judicial permitirá determinar si los hechos denunciados constituyen efectivamente un delito y, en ese caso, cuáles son las responsabilidades que correspondan.