El gobernador Martín Llaryora promulgó la Ley Provincial 11.128, conocida como Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, una norma que incorpora nuevas herramientas para combatir el delito organizado y el narcotráfico mediante la intervención de inmuebles utilizados para actividades ilícitas o que representen un riesgo para la seguridad de la comunidad.
La ley, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, declara de interés público el ordenamiento territorial de seguridad y establece un régimen específico para identificar, intervenir, resguardar y recuperar propiedades que funcionen como búnkeres de venta de drogas, aguantaderos o guaridas del delito.
La normativa también alcanza a inmuebles abandonados o deteriorados cuando su estado genere un peligro concreto para la seguridad pública y la convivencia ciudadana, aunque aclara que la falta de uso por sí sola no será motivo suficiente para la intervención del Estado.
Entre las medidas previstas se encuentran el tapiado, el cerramiento, la clausura provisoria, el bloqueo de accesos y la custodia preventiva, con el objetivo de impedir que estos espacios continúen siendo utilizados para actividades delictivas. Estas acciones tendrán carácter preventivo y temporal, con una duración inicial de hasta seis meses, prorrogable si persisten las causas que motivaron la medida.
La ley también establece que aquellas situaciones que involucren ocupación efectiva de los inmuebles, conflictos sobre derechos de posesión o medidas que excedan el alcance preventivo deberán resolverse por la vía judicial.
Más herramientas para combatir el narcomenudeo
La nueva legislación modifica además la Ley Provincial 10.067, permitiendo que los fiscales especializados soliciten al juez medidas para poner fin al funcionamiento de búnkeres dedicados al narcomenudeo.
Entre las acciones que podrá disponer la Justicia se encuentran la clausura y aseguramiento del inmueble, la exclusión de personas vinculadas a la actividad ilícita y, como medida excepcional, la demolición total o parcial de las estructuras utilizadas para el delito, siempre mediante una resolución judicial fundada y respetando las garantías del debido proceso.
Coordinación entre organismos
La norma crea la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos, que coordinarán las actuaciones entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y los gobiernos locales para planificar y monitorear las intervenciones.
Destino de los bienes decomisados
Uno de los puntos centrales de la ley es la utilización de los bienes recuperados en causas de narcotráfico. El producido de su venta tendrá una asignación específica: el 60% será destinado al fortalecimiento operativo, tecnológico y logístico de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), mientras que el 40% financiará programas de prevención, asistencia a víctimas, tratamiento de consumos problemáticos y otras políticas públicas vinculadas a la lucha contra el narcotráfico.
Asimismo, los vehículos y demás bienes decomisados podrán ser asignados judicialmente a la FPA y al Fuero de Lucha contra el Narcotráfico para reforzar su capacidad operativa.
Con esta nueva legislación, el Gobierno de Córdoba busca dotar al Estado de herramientas más ágiles para desarticular los espacios utilizados por organizaciones delictivas, recuperar inmuebles para la comunidad y fortalecer la política provincial de combate al narcotráfico.